«Un Tribunal Federal revoca un amparo previamente otorgado al exgobernador de Tamaulipas, reactivando la orden de aprehensión en su contra por supuesta implicación en delincuencia organizada y operaciones ilícitas.»

En un revés judicial significativo, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ha revocado un amparo previamente otorgado a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, reinstaurando así la orden de aprehensión en su contra. Esta orden se había emitido originalmente el 4 de octubre debido a presuntas implicaciones en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La revocación se decidió unánimemente después de que se concluyera que Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, no había notificado adecuadamente al agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR). Este agente lidera la carpeta de investigación y fue quien solicitó inicialmente la orden de arresto. Como resultado, se instruyó a Gutiérrez Pérez a reiniciar el proceso y programar una nueva audiencia constitucional para escuchar los argumentos del Ministerio Público Federal antes de dictar una nueva sentencia.

El fiscal que apeló la concesión del amparo argumentó que la defensa de Cabeza de Vaca había incurrido en una conducta ilícita según el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, al afirmar falsamente que no había un tercero interesado en el caso. Sin embargo, estaban conscientes de que el fiscal involucrado tenía un interés legítimo, ya que estaba encargado de la carpeta de investigación que originó la orden de aprehensión en cuestión. Por lo tanto, el fiscal pidió que se notificara a la FGR para iniciar acciones penales. A pesar de esto, el tribunal determinó que ni Cabeza de Vaca ni su defensa estaban informados de la carpeta de investigación ni de la orden de aprehensión hasta que el caso se hizo público en una conferencia de prensa presidencial.

El tribunal subrayó que, si los fiscales creen que se ha cometido un delito, «no hay nada que les impida realizar las investigaciones correspondientes».

Por otro lado, la defensa de Cabeza de Vaca sostuvo que la presentación de la demanda de amparo contra la orden de aprehensión era de conocimiento público, ya que se había divulgado ampliamente en los medios de comunicación nacionales. Según ellos, esto demuestra la falta de interés y negligencia del Ministerio Público, que busca ser reconocido como tercero interesado, pero decidió no ejercer su derecho a apelar las decisiones del juez de distrito, alegar causas de improcedencia y presentar argumentos.

En febrero, Gutiérrez Pérez había instruido a Enrique Beltrán Santes, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, a anular la orden de captura. Además, le ordenó emitir una nueva resolución en la que se estableciera que «no hay pruebas que demuestren que se han cometido actos con apariencia de delitos de delincuencia organizada con el propósito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, ni la probabilidad de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, haya cometido o participado en su comisión».