Por Brenda Ramos

Que no se olviden los últimos 18 años de malos gobiernos en Tamaulipas, infestados de corrupción y desvíos. Muchos políticos y empresarios de ese periodo huyeron del estado e incluso del país, como resultado del rencor social. Pero, ahora, algunos de los más desprestigiados han vuelto a su vieja actividad (enriquecerse de la política) y lo hacen en el municipio más amigable con la ilegalidad: Altamira.

Mientras otros gobiernos morenistas, como el estatal y los de Río Bravo y Madero, se transforman hacia adelante, erradicando privilegios, el de Altamira se transforma hacia atrás, refugiando a personajes de pésima reputación ligados con Eugenio Hernández.

La Cuarta Transformación, la fe en López Obrador, fue una máscara en manos de Armando Martínez Manríquez para engañar a la gente: es el viejo PRI, con toda su plaga de empresarios explotadores y políticos corruptos.

Una señal de eso se pudo apreciar en la demolición de viviendas con maquinaria pesada que un particular emprendió en la colonia ampliación Adolfo López Mateos, el pasado jueves 29.

Tres casas humildes, de blocs sin revestir, fueron destruidas por dos trascabos mientras unas mujeres gritaban para detenerlos. Videos subidos en Facebook hablaban de desalojo.

Cuando los habitantes del sector salieron con palos y machetes, la demolición se suspendió, pero ya habían rebajado a escombros las viviendas. Juan Carlos Compeán, quien dijo ser abogado, aseguró que su cliente tenía las escrituras legítimas del predio, y que un Juez de Control le había dado la razón de ser el dueño.

Eso fue lo único que dijo; nunca mostró una orden de desalojo y, menos todavía, una para destruir las construcciones. Eso fue enteramente ilegal, como muchas cosas que suceden en Altamira.

Los predios de la Ampliación Adolfo López Mateos tienen más 10 año ocupados por familias de clase trabajadora y nunca habían entrado en querella con otro particular por la propiedad del terreno.

Según el abogado, el legítimo dueño (o más bien, quien posee una escritura) es la compañía DABRA S.A. de C.V.

Se trata de una de las constructoras favorecidas por la nefasta administración de Eugenio Hernández  Flores, que gobernó de 2004 a 2010.

DABRA participó en la introducción del colector pluvial profundo ubicado en la colonia Lomas de Rosales, en Tampico, con un costo de 52.3 millones de pesos, en febrero de 2009.

Pocos meses después, varios trechos del pavimento se hundieron por la mala calidad del trabajo. El proyecto integral, que abarcaba drenes y canales entre Tampico, Madero y Altamira, era de 211 millones de pesos.

DABRA S.A. de C.V. es propiedad de Darío Brambila, quien prácticamente abandonó Tamaulipas cuando finalizó el gobierno de Hernández Flores, y todos sus negocios entraron en crisis. Varios contratistas de esa administración se mudaron a Estados Unidos, a San Pedro Garza García, Nuevo León e incluso a la Ciudad de México. Por la corrupción galopante del geñismo, se dictó orden de aprehensión contra Alberto Berlanga, ex secretario estatal de Obras Públicas.

Todo indica que Darío Brambila y su constructora, DABRA, están de regreso, tanto presencialmente en Tamaulipas como en los concursos de obra pública.

Para empezar, anda derribando casas con trascabos sin tener una orden judicial de desalojo. ¿Ha vuelto Darío Brambila porque apadrina a políticos de Altamira o del estado? ¿O pasó del PRI a Morena como tantos oportunistas?

DABRA apareció también entre los empresas que competían por la reconstrucción del Puente Roto, una validad que solo se utilizó seis meses después de inaugurarse en 2010, a un costo de 170 millones de pesos. El nuevo proyecto costará 290 millones de pesos.

Otro personaje de aquella época que ha vuelto a la escena es el priista Óscar Pérez Inguanzo, ex alcalde de Tampico detenido en 2011 por varios delitos. Aunque recuperó la libertad, fue responsable de dejar a 600 trabajadores municipales sin sueldo ni aguinaldo, de fallas en todos los servicios, y de la ola de inseguridad que condujo al secuestro de importantes personalidades, como el exalcalde Fernando Azcárraga y el empresario Arturo Elizondo. Con esos acontecimientos, y otros peores, Pérez Inguanzo escribió su historia como servidor público.

Quizás no sea “malo” ante la ley, pero sí ante miles de tampiqueños que perdieron trabajos y hasta su lugar de residencia por la presión de los delincuentes durante su gobierno chatarra.

Bueno, este desvergonzado es ahora constructor en Altamira y se deja  ver con el alcalde Armando Martínez Manríquez. Denuncias en redes sociales acusan al presidente municipal de subcontratar fuera de concurso a una empresa propiedad de Pérez Inguanzo. De hecho, el propio Pérez Inguanzo ha dicho en algunas entrevistas que ha “retomado” su actividad como constructor cuando todo mundo sabe que siempre se ha dedicado a la producción agrícola.

De este modo, los viejos políticos y empresarios que huyeron o pisaron la cárcel por escándalos de corrupción viven y ganan en Altamira como si nada o, más bien, como si gobernara el PRI o incluso el PAN.

Armando Martínez no está entendiendo la transformación que promueve Morena y lo que el partido advierte a sus miembros: el pueblo pone y el pueblo quita.