Sin Filtros; por Brenda Ramos

En Tribuna Abierta publicamos un informe, elaborado por la asociación Mexicanos contra la Corrupción, que confirma lo que ya sospechábamos: que los diputados del Congreso de Tamaulipas se niegan a decir si sostienen algún conflicto de interés entre sus cargos y funcionarios, negocios o relaciones en el ámbito gubernamental. Es decir, que se conviertan en juez y parte de actos en los cuales tengan algún interés personal.

No nos extraña esta actitud antidemocrática del PAN y del PRI, pues se han aliado muchas veces en iniciativas que perjudican a la sociedad. Lo sorprendente es que también los diputados locales de Morena cometan la misma omisión, con todas las implicaciones que esto representa.

El pasado 31 de mayo, terminó el plazo para que los legisladores del país publicaran su declaración patrimonial y de intereses. Los integrantes del Congreso de Tamaulipas no lo hicieron. Con ello, volaron instantáneamente la Constitución y las leyes secundarias en la materia.

Es posible que hayan solicitado algún tipo de prórroga en el órgano interno del Congreso para hacerlo posteriormente; es posible que la hayan presentado pero que la etiquetaran como información reservada. Esto último podría apelarse ya que los funcionarios públicos son sujetos obligados en la declaración del conflicto de interés.

¿Por qué tenemos que adivinar la razón de este ocultamiento cuando la ley se los demanda? Esto nos hace sospechar que algo nos esconden, que protegen a alguien o alguna ganancia. Si se creen más listos que los periodistas, entonces se engañan. Nosotros nos regimos por el proverbio bíblico “El que busca, encuentra. Y al que llame a la puerta, se le abre”. Y hemos hallado algunos secretos ocultos de los diputados locales.

De acuerdo con información ciudadana, corroborada por este medio, el diputado local Juan Ovidio García tiene un recomendado en la Dirección Administrativa del Registro Civil. Esto debería manifestarlo en su declaración de conflicto de interés, ya que esto afectaría la imparcialidad de su labor cuando fiscalice a la dependencia.

La legisladora Leticia Sánchez Guillermo, que muestra muy poca lealtad partidista, tiene una lista extensa de recomendados en puestos de gobierno. Se trata del titular del ITEA Matamoros, el enlace técnico de la Secretaría del Bienestar, la Dirección Jurídica del CREETAM, y una jefatura en la Oficialía del Registro Civil en Matamoros . Ella actúa como madrina de estos funcionarios y los tiene bajo su protección, según las denuncias enviadas por ciudadanos.

Cassandra de los Santos Flores tampoco ha informado de sus protegidos en puestos de gobierno. Por ejemplo, colocó a un auxiliar en el Hospital General de Río Bravo y a un jefe de departamento en el Registro Civil de ese mismo municipio. Sin embargo, otras fuentes nos han hecho la advertencia de que tiene intereses en clínicas médicas y de salud, que ahora atraviesan por una inspección rigurosa de parte de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios. Repetimos: son directamente los ciudadanos quienes nos envían estas quejas para hacerlas del conocimiento público.

Hay que poner mucha atención en Marco Antonio Gallegos Galván, otro diputado local de Morena, ya que parece esconder algunos secretos. El más celosamente guardado es el de un hermano en el Departamento de Transporte, donde ejerce una jefatura. Así lo describe un informe en posesión de este medio. Tiene también un recomendado en la Oficialía de Registro Civil de Reynosa. De estas personas recibiremos sus generales de un momento a otro.

José Alberto Granados tampoco pudo resistirse a acomodar un familiar en la nómina de gobierno. Nos reportan que ha promovido a un hermano como coordinador de la Secretaria del Bienestar en Matamoros. En esa misma ciudad pidió un puesto para un protegido en el Registro Civil. En definitiva, Beto Granados prefiere ceder que resistir la tentación. Y de acuerdo con un video que circula en la red, tampoco se resiste a otro tipo tentaciones que, por decencia, no mencionaremos aquí.

Pero de todos, Úrsula Salazar Mojica gana el campeonato de conflicto de interés en el Congreso del Estado. En su labor de supervisor de los funcionarios públicos estatales, tiene que calificar el desempeño de su esposo, Juan Dionisio Cruz Guerrero, director de la Universidad Tecnológica de Altamira. Con esta evidente simulación, ¿Cómo puede exigirle honestidad y respeto a la ley a Jorge Espino Ascanio,Auditor Superior heredado de la administración panista, con quién sostiene un enfrentamiento como presidenta de la Junta de Coordinación Política?

Aunque lo oculten a la sociedad, en Tribuna Abierta vamos a exhibir a los servidores públicos que no se adaptan a las buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas. También nos sorprende que, aunque el nepotismo para encumbrar a familiares y amigos en buenos puestos dentro del gobierno, sea una práctica anticonstitucional, los diputados que han sido “premiados” con estos lugares, sigan sin presentar trabajo para sus distritos, sus partidos o sus jefes políticos.

A propósito, tenemos más información al respecto de los diputados locales faltantes de MORENA del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Le prometemos historias que solo pueden calificarse de inolvidables.