Redacción Tribuna Abierta

Reynosa, Tamaulipas – El octavo regidor de Reynosa, Salvador Leal Garza, se enfrenta a acusaciones de explotación laboral, discriminación, amenazas y trato indigno. La denuncia fue presentada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), según documentos obtenidos por el medio de comunicación El Norte.

La comisionada de Derechos Humanos ha remitido la queja 60/2023/IV-R al Ministerio Público por posibles delitos de trata de personas, privación ilegal de la libertad y desvío de recursos públicos.

Los demandantes, los hermanos Ricardo y Octavio Arizpe Martínez, su padre Delfino Arizpe Cortés y su primo Eusebio Arizpe Morelos, presentaron y ratificaron la denuncia el pasado 2 de junio ante la CODHET. Asimismo, el viernes ratificaron la demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Los demandantes aportaron pruebas en forma de videos, audios y fotografías que demuestran su subordinación al regidor desde su llegada de Puebla en marzo de 2022, cuando fueron contratados por el Ayuntamiento. Según las pruebas, Leal Garza sacaba a los empleados poblanos de la Coordinación General de Servicios Primarios y los llevaba al rancho de un familiar para extraer piedra caliza y venderla. Por tanto, la demanda laboral también incluye al Ayuntamiento.

Los trabajadores alegan que se les obligaba a trabajar más de 12 horas al día en el alejado rancho, mientras que en el Ayuntamiento cobraban 566.67 pesos diarios. Además, denuncian que a veces no se les proporcionaba agua ni comida durante su jornada laboral. Delfino Arizpe resultó lesionado y quedó incapacitado debido a cargar piedras de gran tamaño, pero en lugar de recibir una indemnización, fue despedido sin recibir ningún pago por el tiempo trabajado, a pesar de haber estado empleado por más de un año.

Los trabajadores reclaman una indemnización de 71,594 pesos cada uno por el tiempo trabajado antes de ser despedidos el pasado 2 de mayo.

La defensa de los demandantes intentó llegar a un acuerdo en una reunión de conciliación en la Junta con representantes del Municipio y el regidor, pero se negaron a indemnizarlos o reinstalarlos, por lo que decidieron proceder legalmente.

La abogada defensora de los trabajadores afirmó que no se quedarán solo con la queja presentada ante Derechos Humanos y la demanda laboral, sino que también buscarán que se tome acción penal de acuerdo a la ley. Además, planean entregar documentos al gobernador, a la secretaria del Trabajo y a la Presidencia de la República durante esta semana.