Sin Filtros; por Brenda Ramos

Es importante exigir que aquellos que busquen un cargo de elección popular o deseen unirse al servicio público presenten una declaración patrimonial. Esto se evidencia en el caso del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien admitió haber comprado un departamento en Bosque Real a una proveedora de la Sedena por 9 millones de pesos en lugar de los 30 millones, debido a que estaba en «obra gris». Sandoval aseguró que la adquisición se realizó a través de agentes mobiliarios y que solo tuvo contacto con la vendedora el día de la firma de las escrituras. Además, reveló que la empresa proveedora ha sido penalizada en el pasado por incumplimiento en la entrega de bienes. Esta situación subraya la importancia de contar con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para prevenir la corrupción en el servicio público.

Este caso salió a la luz luego de una investigación periodística en donde se evidenciaban los lujos que el General y su familia se daban, señalando que fueron a costa del erario. Claro, que la situación se da en el marco de la guerra política a medida que las elecciones del 2024 se van acercando, es bien sabido que entre los medios nacionales existe una marcada división y bandos, aquellos que se inclinan a la izquierda y los otros a la derecha, por lo que aun y cuando la información tenga tintes partidistas y golpeadores, es crucial que no se menosprecie la gravedad de los hechos expuestos sobre el actuar de Luis Cresencio Sandoval.

Ahora bien, en Tamaulipas, se tiene el antecedente de que tres de sus gobernadores han tenido problemas con la ley:

Tomás Yarrington Ruvalcaba: Exgobernador de Tamaulipas. Fue arrestado en Italia en 2017 y extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta múltiples cargos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude bancario.

Eugenio Hernández Flores: Exgobernador de Tamaulipas. Fue detenido en 2017 y enfrenta cargos por lavado de dinero y peculado.

Francisco García Cabeza de Vaca, actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde agosto de 2020, por la presunta comisión de delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal, que se encuentra fuera de México como un prófugo de la justicia.

Por lo cual y sabedores de que muchos políticos de la actualidad a andan con todo lo que da promocionando su imagen, es que se debería tomar el ejemplo del General y de los exgobernadores como un referente para que todos aquellos que busquen un cargo para el 2024 pongan su declaración patrimonial pública y a la vista de los ciudadanos, para evitar que el cáncer de la corrupción se siga propagando en nuestro estado.

Y se debería exigir sobre todo para aquellos que buscan la reelección, pues pocos son los que siguen siendo bien vistos por el pueblo que los eligió; si nos vamos a los alcaldes Carlos Peña en Reynosa, Nataly García en Gustavo Díaz Ordaz, en Valle Hermoso el Dr. Alberto Enrique Alanís, en Ocampo Melchor Budarth, han sido continuamente calificados por una mala administración, por no tener sus ciudades ni con el mínimo que son los servicios básicos de recolección de basura, agua en las colonias, alumbrado o pavimentación además de haber sido expuestos por sus repentinos e inexplicables lujos y su nueva vida de “Ricos”.

Pero tampoco están a salvo del escrutinio público los legisladores; en la cámara alta Tamaulipas prácticamente no tiene representación. Para empezar la Senadora Guadalupe Covarrubias no tiene la salud para una relección y sus colaboradores han sido señalados por ser rapaces pasadores de charola, contribución o donación, pero los más peligrosos son los cabecistas, ya que por su salud es difícil que la senadora se reelija. José Ramón Gómez Leal e Ismael Cabeza de Vaca deberían pasar por una exhaustiva revisión de todos sus bienes y comprobar su procedencia pues ambos amenazan con reelegirse.  

A fin de no extendernos en la información y a sabiendas que este tipo de análisis se hará cada vez más común al acercarse esta época electoral, dejaremos pendientes los nombres de los legisladores de la cámara baja, así como los locales que buscan reelegirse para instarlos a hacer su declaración patrimonial pública.

Lo sucedido con Luis Crescencio Sandoval es una reflexión sobre lo que no debe hacer un servidor público, ocultar información y ojalá lo tomen en cuenta todos aquellos que como comúnmente se dice “Quieran queso” para que luego no se hagan los ofendidos, indignados y aseguren que es guerra sucia, cuando como en cada campaña electoral empiecen a salir las investigaciones de su patrimonio y demás pecados ocultos pues ni el Secretario de la Defensa Nacional se salvó de una buena investigación.